El Grupo Macri presentó u escrito ante la Corte Suprema de Justicia para desplazar a la fiscal Gabriela Boquin, quien logró evitar que el Estado le condonara una deuda millonaria al Correo Argentino.

Con la maniobra, el grupo empresario trata de seguir trabando una pericia sobre los libros contables del grupo que podría probar maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, que actualmente la controlan.

A un año del fallido intento de condonar una deuda del Correo de unos 4 mil millones de pesos (que actualizados alcanzaban los 70 mil millones), operación bloqueada por la fiscal Boquín que denunció públicamente el caso desatando un escándalo político por el que tuvo que pronunciarse públicamente hasta el presidente Mauricio Macri que prometió volver todo a “fojas cero”, el abogado del Grupo Macri Jaime Kleidermacher presentó ante la Corte Suprema un escrito en el que cuestiona el apoyo dado por a la fiscal por la Cámara Comercial en una resolución de diciembre pasado (que también avalaba el pedido de pericia sobre los libros contables, que la empresa sigue resistiendo).

En febrero del año pasado, Boquin denunció que el Estado argentino había aceptado un acuerdo extrajudicial con el Correo Argentino por el que la deuda acumulada a lo largo de 17 años por la empresa se reestructuraba en un plan de pagos que implicaba la condonación de casi el 99% de lo adeudado. Por el acuerdo, cuya investigación lleva el juez Ariel Lijo, se fueron imputados el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el presidente Macri. La fiscal también denunció en su momento maniobras de vaciamiento por las que Sideco y Socma iban retirando cifras millonarias de las cuentas en concurso del Correo para realizar pagos de sueldos, oficinas, cargas sociales, honorarios y gastos contables. También se compraron 2 millones de dólares de acciones de la empresa Neficor en medio del proceso concursal. Luego de la denuncia, se le impidió a las empresas del grupo seguir retirando realizando estos retiros de dinero.

A pesar de esta serie de irregularidades, la jueza de primera instancia Marta Cirulli, que entiende en el concurso de acreedores sobre el Correo, no ordenó un peritaje sino un informe contable y no hizo lugar a pedido de Boquín de que la pericia sea realizada por un profesional independiente y no por las tres sindicaturas intervinientes, cuestionadas falta de independencia e incluso investigadas en una causa penal. Según denunció oportunamente Boquín, luego de su denuncia por el acuerdo de condonación de deuda calificado como “abusivo” y “ruinoso”, la “sindicatura controlante” comenzó a acompañar todos los pedidos del Grupo Macri, lo mismo que la sindicatura “general”, integrada por abogados que trabajaron para Socma y otras empresas del grupo empresario. La sindicatura “verificante” es la que mantiene un criterio más autónomo y accedió a solicitar un perito externo.

Ahora la Corte Suprema de Justicia deberá definir si acepta el recurso del Grupo Macri, basado en tecnicismos, y desplaza a la fiscal Boquin de la investigación del caso o si la convalida y finalmente se puede tener acceso a los libros contables que la empresa se niega a entregar para ser peritados.