La Oficina Anticorrupción habría intentado ocultar una millonaria consultoria irregular

La Oficina Anticorrupción (OA) encabezada por Laura Alonso habría intentado disimular y ocultar el pago millonario a Consuasor, una consultora vinculada al PRO, a la que le encargó tareas de “comunicación estratégica”, con un pago de 82.500 pesos mensuales.

Como el vínculo con la consultora vinculada al partido de Gobierno era problemático en los términos de la Ley de Ética Pública, la OA decidió canalizar los pagos a tráves de sendos contratos con los dos dueños de la consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por $44.000 y $38.500 respectivamente (en términos anuales esto implica 990 mil pesos).

 

Pero las tareas de prensa y difusión del organismo encabezado por Laura Alonso eran llevadas adelante por otras personas, integrantes de la consultora que no figuraban en los contratos, entre ellos la coordinadora de Comunicaciones Belén Alcacer. Cuando meses atrás el periodista Sebastián Lacunza hizo pública la información sobre estas irregularidades la OA intentó ocultar los hechos terminando el contrato con Consuasor (aunque mantuvieron otros contratos con diversos organismos públicos, entre los que se cuentan los Ministerios de Justicia, de Trabajo, de Medio Ambiente y de Defensa, además del Gobierno de Salta y la oficina del senador Federico Pinedo).

 

El periodista completa su denuncia en el portal La Letra P, denunciando que la SRL Consuasor fue creada el 28 de diciembre de 2015, a dos semanas de la asunción de Mauricio Macri, momento en que comenzaron a cerrar contratos con dependencias oficiales. Previamente la consultora había trabajado para el bloque del PRO en Diputados (gracias al vínculo con Pinedo) y luego directamente para el PRO. Según Lacunza, Alonso “intentó esconder el vínculo con Consuasor mediante un artilugio al que no se animó ninguno de sus colegas en el equipo de Macri. Mediante una nota fechada el 11 de abril pasado y firmada por la Dirección de Gestión Documental del Ministerio Justicia, la OA procuró negar la información sobre el pago a Sosa Liprandi y Giúdice porque podría afectar “la protección de datos personales”. Es decir, a sabiendas de que se trataba de una contratación irregular, Alonso apeló a un recurso absurdo, a contramano de las más elementales prácticas de transparencia, para tratar de bloquear la información”.

 

Así, durante semanas el organismo encargado de fiscalizar la transparencia en el Estado se resistió a brindar información sobre el vínculo irregular con la consultora, negando tener ningún contrato con Consuasor como tal, aunque luego se supo que la maniobra intentada había sido la de realizar contratos nominales con los dueños de la empresa. Finalmente se reconoció que Sosa Liprandi tenía un contrato con la OA, además de figurar como asesor personal del ministro de Trabajo Jorge Triaca, vía la Universidad de La Matanza (con una asignación de otros 40 mil pesos); cobraba entre 50 y 70 mil pesos más de la oficina de Pinedo y otros 30 mil del gobierno de Salta. Además, hasta febrero de 2017, también había tenido un contrato con el Ministerio de Medio Ambiente. Su socio, Giúdice, además del contrato con Anticorrupción, recibía 45 mil pesos como asesor técnico para el Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa.

 

Luego de la denuncia periodística, que luego engrosó las denuncias de Margarista Stolbizer por excesivos e injustificados gastos en “consultorías” por parte del Gobierno, tanto Alonso como Triaca dieron de baja los contratos, pero en el caso de la oficina de Pinedo se decidió reconvertir el contrato con el Senado en dos servicios de locación por 35 mil pesos para cada uno de los socios.

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