La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

A través de un DNU, el 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que investiga si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» de parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán; y establece que se «instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

El artículo 1 agrega la necesidad de que el Procurador «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado».

También se instruye al Procurador «a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».

Asimismo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) «para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios».

Alberto Fernández, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el pasado 1 de marzo, había dicho que el préstamo entre la gestión Macri y el FMI debía investigarse ya que fue «ilegal» al tratarse de «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

Mientras que desde la Oficina Anticorrupción, que ya denunció el préstamo entre el organismo y el gobierno anterior, consideran probada la «administración infiel» y recuerdan que en la misma semana del discurso del jefe de Estado «el Banco Central envió a la OA un informe sobre la formación de activos externos en el período 2015-2019, acompañado de otro reporte jurídico con una evaluación técnica del endeudamiento y un derrotero de violación de normas. Es un informe muy importante, muy útil, que activó nuestra participación”.

En base a ese informe del BCRA, que también fue enviado a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se comenzó a trabajar en conjunto con este organismo, que respecto del crédito del FMI “hizo un trabajo muy bueno, que consistió en una auditoría legal”. “Con esos dos materiales hicimos la denuncia”, afirmó Crous.